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O.M-R. – [Artículo publicado originalmente en el diario Clarín el 28 de octubre de 2019.] Tras las intensas movilizaciones diurnas y violentos altercados nocturnos en Barcelona y otras ciudades catalanas como reacción a la sentencia de los líderes independentistas dictada el pasado 14 de octubre por el Tribunal Supremo español, las valoraciones y las propuestas para encauzar la situación polarizan a la clase política española –síntoma de que la sentencia, por mucho que se subraye su carácter judicial, encierra una enorme carga política. Mientras la derecha española pide mano dura y urge al gobierno a intervenir la autonomía catalana o, en el caso de la ultraderecha, a declarar el estado de excepción; el Partido Socialista, que gobierna en funciones, apuesta por la ‘firmeza’ y la ‘moderación’. De momento, el Gobierno confía en la intervención policial para mantener el orden público en un contexto de extraordinaria tensión, a dos semanas de las nuevas elecciones generales del próximo 10 de noviembre y con el trasfondo de la exhumación del Dictador Franco del Valle de los Caídos el pasado día 24.

Junto a las marchas y movilizaciones pacíficas celebradas en Cataluña estos días, una minoría organizada ha logrado poner puntualmente en jaque a las fuerzas del orden, dejando un triste reguero de heridos a uno y otro lado de las barricadas y considerables destrozos urbanos en sus principales ciudades. Si esta nueva y creciente minoría que aprueba el uso de medios violentos se inspira, como declaran algunos, en la determinación en el tiempo de los chalecos amarillos franceses y los manifestantes hongkoneses (quienes, por cierto, expresan su solidaridad con los líderes catalanes presos) es probable que los desórdenes vuelvan a repetirse con intensidad variable en las semanas y meses por venir.

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Hilera de contendedores ardiendo sobre la Gran Via Jaume I de Girona el 16 de octubre de 2019. Autor: Davidpar (Wikimedia Commons)

 

Las distópicas imágenes de jóvenes encapuchados, algunos menores de edad, enfrentándose a las fuerzas de seguridad sobre un fondo de contenedores y coches en llamas en una ciudad global como Barcelona dieron la vuelta al mundo, como lo hicieran las de París hace unos meses durante la crisis de los chalecos amarillos, las de Hong Kong y, más recientemente, las de Quito y Santiago de Chile. Como señalan algunos analistas, pareciera que la rabia y la frustración que expresan los jóvenes catalanes en la calle va más allá de la independencia y la condena de los líderes del procés. “No toquéis a nuestros jóvenes. Luchan por su futuro”, decían las pancartas en una de las movilizaciones contra la sentencia. La falta de perspectivas de futuro, merced a la precariedad laboral que se ha instalado en la economía global desde la Gran Recesión, junto con la inquietante deriva climática del planeta en su conjunto, generan un sentimiento de hartazgo e incertidumbre que los grupos anarquistas y antisistema, que se desplazan entre países y continentes, saben agitar y organizar con eficacia.

No es la primera vez que las generaciones más jóvenes se lanzan a la calle, porque sienten que no tienen nada que perder. Desde luego, la escala de dificultades materiales que enfrentan los jóvenes catalanes y españoles es menor que la que encaran los jóvenes que protestan en América Latina. Pero sería un error relativizar la situación y no prestarle atención a un fenómeno que comienza a adquirir dimensiones globales y en el que resuenan los ecos de las primaveras árabes y los movimientos de indignados de hace menos de una década y a cuyas causas –la regeneración política y la justicia social– se une ahora la lucha climática.

Al mismo tiempo, la reacción contra lo que se percibe como una sentencia en exceso severa, o contraproducente para la resolución del conflicto político-territorial que sufre España, trasciende a los jóvenes, al independentismo y a Cataluña. Son numerosas las voces, tanto internas como externas, que han alertado sobre las consecuencias de judicializar un conflicto político. Un conflicto, recordemos, que surge de la voluntad de un sector importante de la sociedad catalana de ejercer el derecho de autodeterminación en un Estado que no lo reconoce en su Constitución; y del ejercicio de ese presunto derecho el 1 de octubre de 2017, cuando se celebró un referéndum ilegal que arrojó un resultado favorable a la independencia, que fue declarada y, acto seguido, suspendida por el entonces President de la Generalitat catalana. La sentencia del Tribunal Supremo concluye que la intención de los responsables del referéndum y la declaración de independencia, ahora condenados por sedición o huidos de España, no era alcanzarla directamente, sino presionar al Gobierno central a través de una suerte de performance política que tanto las bases sociales del independentismo como el Estado español tomaron de manera literal.

Utilizando una analogía médica, podría decirse que la sentencia del Tribunal Supremo ofrece un diagnóstico penal, a nivel nacional, de lo sucedido en Cataluña durante el procés. Cabe preguntarse si este diagnóstico sirve, en la práctica, para orientar un tratamiento adecuado para la recuperación de la convivencia en Cataluña y la estabilización de las relaciones entre las instituciones catalanas y españolas, atravesadas por una profunda fractura político-emocional. La cuestión sobre la que debería reflexionar con urgencia la clase política, y actuar en consecuencia, es si la mecha del independentismo, y ahora la violencia, hubiera prendido entre los jóvenes catalanes en una España sustentada en una economía sólida y equitativa que ofreciera buenos empleos y perspectivas de futuro a la altura de la Europa de la que forman parte.

Olivia Muñoz-Rojas

 

Un pensamiento en “La punta del iceberg

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