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*O. M-R. – Cada época, incluso cada década, tiene su manera de etiquetar al enemigo común: esa parte de la sociedad que en el imaginario dominante está del lado equivocado y a la que hay que combatir. Si nos ceñimos estrictamente a este siglo, en su primera década, tras los atentados del 11-S, la figura del enemigo común la encarnaban los terroristas islámicos y, en algunos países, los musulmanes, en general. En la siguiente, tras la Gran Recesión de 2008, esta figura la representaron los populistas que se movilizaban contra un sistema económico y político que consideraban corrupto. En esta década, cuyo inicio está marcado por la pandemia del covid, parece más y más evidente que la figura del enemigo común la personifican los complotistas y los antivacunas que cuestionan el origen accidental de la pandemia y las buenas intenciones de los laboratorios y los gobiernos con sus políticas restrictivas y de vacunación masiva.

No es que los enemigos comunes forjados en las décadas anteriores hayan desaparecido; simplemente, surgen nuevos nuevas encarnaciones de esta figura. Tampoco la analogía entre estas tres etiquetas –terrorista, populista y complotista– es perfecta, pero sí demuestra lo que muchos pensadores críticos explican desde hace tiempo: la creciente necesidad de las sociedades democráticas de fraguar un ‘otro’ que supuestamente amenaza la seguridad, prosperidad y bienestar del cuerpo social. Se busca reforzar el sentimiento de pertenencia del grupo dominante y el consenso sin fisuras en torno a ciertas ideas promovidas desde quienes ejercen el poder. Para los individuos, las comunidades o las ideas que reciben este etiquetaje las consecuencias son la estigmatización y con frecuencia la discriminación y el ostracismo.

Es algo que conocen bien los musulmanes en países de mayoría no musulmana tras cada nuevo atentado yihadista. Un reciente informe elaborado por Naciones Unidas denuncia que el odio hacia los musulmanes “alcanza proporciones epidémicas y urge a los Estados a actuar” para “combatir formas directas e indirectas de discriminación contra ellos”. El informe aclara, al mismo tiempo, que “la crítica de las ideas, los líderes, los símbolos y las prácticas del islam no son islamófobas per se; salvo que estén acompañadas de odio o prejuicio hacia los musulmanes en general”. No siempre es sencillo distinguir entre la mera crítica hacia una creencia y el prejuicio hacia quien la practica o a quien se le atribuye por su apariencia. Pero la distinción es importante, pues, desde la perspectiva de la libertad de expresión, no se trata de proteger determinadas creencias o ideas de la crítica argumentada, sino a los individuos que las profesan o defienden de ataques o vejaciones que van más allá de esta.

Al mismo tiempo, desde el momento en que un conjunto de creencias o ideas es, sistemáticamente, tachado por la mayoría de representantes públicos y medios de comunicación de errado o nocivo para la sociedad, resulta difícil, sino imposible, para quienes lo defienden, participar del debate público en igualdad de condiciones. Sucedió tras la Gran Recesión con aquellos economistas y movimientos sociales que cuestionaban las políticas de austeridad y exigían políticas redistributivas y un Estado de bienestar reforzado en respuesta a la crisis y que fueron categorizados de populistas. Un término de las ciencias políticas que, a lo largo de la última década, se ha convertido en un insulto que invalida automáticamente la postura de alguien, colocándolo fuera del juego democrático. Es significativo que la RAE, que define el término como “tendencia política que pretende atraerse a las clases populares”, añada que es “usado más en sentido despectivo”.

La historia de las ideas, especialmente las científicas, demuestra que algunas de las que se consideraron erradas en el pasado resultaron más adelante acertadas y, a la inversa, aquellas que dominaban en un determinado momento resultaron descaminadas a la luz de nuevas evidencias. Es lo que plantean algunos científicos que cuestionan el modo en que se está gestionando la pandemia, desde las restricciones sanitarias hasta el proceso de vacunación, y que a menudo reciben la etiqueta de anticientíficos, complotistas o antivacunas. Se les desacredita –frecuentemente, con referencias a su persona y desempeño profesional–, se les ridiculiza y, finalmente, se les retira la posibilidad de expresarse en los canales de comunicación ‘serios’. Quienes entendemos que el proceso científico se caracteriza por la duda y el contraste permanente entre teorías, hipótesis y datos empíricos, percibimos un creciente e inquietante dogmatismo científico-sanitario que desincentiva cualquier intercambio crítico, supuestamente, en nombre del bien común y, concretamente, de la salud pública.

Conviene recordar que hoy, algo más de una década después de la Gran Recesión, las políticas de estimulación de la demanda que en aquel entonces se consideraron populistas –y, por tanto, nocivas porque aumentaban la deuda pública– se están adoptando por numerosos gobiernos para hacer frente a la crisis postpandemia. ¿Sucederá algo parecido en el futuro con algunos de los planteamientos defendidos hoy por ‘complotistas’ y ‘antivacunas’?

*Este artículo se publicó originalmente en la sección de Opinión de El País el 17 de junio de 2021.

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