*O. M-R. – Ha vuelto a prender en España la mecha del descontento social tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba 71 viviendo en régimen de renta antigua en el mismo departamento en Madrid. La sociedad inmobiliaria que adquirió la vivienda pretendía subir el alquiler de unos 500 a 2.650 euros mensuales. Tras ocho años de litigios, Maricarmen salió de su casa en camilla con un cuadro de ansiedad, arropada por ciudadanos que se habían reunido a pie de calle para protestar por el desahucio. Desde entonces, activistas han ocupado la Puerta del Sol, las protestas se han extendido a otras ciudades españolas y la movilización ha terminado precipitando la convocatoria de elecciones anticipadas, tras el rechazo parlamentario de los decretos de vivienda del Gobierno de Sánchez.
Ya en 2009, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca convirtió los desahucios en uno de los grandes símbolos de la crisis financiera. De aquel movimiento salió Ada Colau, luego alcaldesa de Barcelona. La vivienda ocupó un lugar importante en el ciclo de movilizaciones del 15-M, pero adquiere ahora un protagonismo distinto. Si los indignados dirigían su protesta contra un sistema que combinaba desempleo, rescates bancarios, corrupción y recortes de los servicios públicos, hoy el malestar encuentra en la vivienda, y en la dificultad para acceder a ella, un fenómeno más concreto.
Durante el pacto social de la posguerra, la vivienda contribuyó a despolitizar a las clases medias en buena parte de Occidente. Ahora opera a la inversa. Ese mecanismo, que permitía a los asalariados aspirar a una vivienda propia, estabilidad financiera y un patrimonio que transmitir, se ha quebrado.
Para muchos jóvenes, el problema ya no es solo comprar una casa, sino encontrar un alquiler que no absorba una parte desproporcionada de sus ingresos. Sin capacidad de ahorro, la posibilidad de adquirirla algún día se aleja todavía más. La propiedad vuelve a ser un privilegio hereditario. Cada vez importa menos cuánto se gana y más si uno cuenta con una vivienda que heredar o con una familia que ayude a financiar la compra. La vivienda deja así de corregir las diferencias de origen y contribuye, por el contrario, a reproducirlas de una generación a la siguiente. El retraso de la emancipación que supone esta situación pospone, además, la formación de familias, con sus consiguientes efectos demográficos.
La crisis va más allá de España y las economías desarrolladas. ONU-Habitat calcula que hasta 3.400 millones de personas en el mundo carecen de una vivienda adecuada y señala, entre las causas, el aumento del precio del suelo, una oferta insuficiente y la creciente transformación de la vivienda en un activo de inversión. A menudo, se culpa de la crisis a la gentrificación y el turismo de masas. En Ciudad de México, las protestas del año pasado señalaron con especial ahínco a los llamados nómadas digitales, pero no fueron necesariamente los extranjeros quienes generaron la crisis de vivienda mexicana. Según cifras oficiales, entre 2016 y 2024, la oferta de vivienda cayó un 61% y la de interés social, un 77%, mientras el precio promedio se duplicaba hasta alcanzar, en la capital, los 4,6 millones de pesos. Un estudio reciente de investigadores de la UAM y la Universidad Anáhuac habla de “gentrificación por omisión”: la ausencia de regulación y de mecanismos para devolver a la sociedad parte de esa extraordinaria valorización del suelo que termina en manos del capital inmobiliario. Con políticas públicas más contundentes, la llegada de habitantes con mayor poder adquisitivo no tendría por qué provocar la expulsión de quienes ya viven en esos barrios.
Hoy la vivienda se yergue como uno de los ejes centrales del malestar político. Como ha demostrado el feminismo, las reivindicaciones concretas pueden tener mayor capacidad de movilización que una impugnación general del sistema. Zohran Mamdani ganó la alcaldía de Nueva York haciendo del affordability, el coste de poder vivir en la ciudad, el corazón de su campaña. Este año, el organismo que fija los alquileres de los departamentos estabilizados aprobó congelarlos durante un año. Después de décadas discutiendo sobre crecimiento, competitividad y empleo, reemerge una pregunta elemental: ¿puede una persona con una nómina permitirse una vivienda?
Recuperar la vivienda como elemento de estabilidad no implica volver a la sociedad de propietarios. Los modos de vida han cambiado y muchos jóvenes valoran la movilidad. Dicho de otro modo, aceptarían alquilar si no se llevara la mayor parte de sus ingresos y les permitiera ahorrar y construir por otras vías el colchón financiero que la propiedad supuso para las generaciones previas. Habría que explorar también con más interés la vivienda colectiva o compartida, bien diseñada, flexible y conectada, que no haga de la movilidad sinónimo de precariedad. En el plano urbano, hay que evitar que las ciudades concentren empleo, servicios, ocio y cultura en unas pocas zonas. Con unas periferias bien comunicadas, verdes, seguras y con servicios públicos, vivir lejos del centro no tiene por qué equivaler a quedar apartado de la ciudad. El objetivo no es que todos poseamos una casa, sino algo más básico: disponer de un lugar de residencia digno y seguro, que no sea una fuente de angustia, como lo ha sido para Maricarmen.
Olivia Muñoz-Rojas
*Este artículo se publicó en la sección de Opinión de Proceso el 6 de octubre de 2026.
