*O. M-R. [Hace apenas tres semanas del accidente ferroviario de Urda, que me llevó a reflexionar sobre el impacto de las tragedias en las campañas electorales, y, sin embargo, pareciera que el asunto ya hubiera desaparecido del debate electoral en España. No creo que sea una particularidad española, sino un reflejo del ritmo frenético de las redes sociales y los medios de comunicación (por ese orden). El ciclo de las noticias es cada vez más breve, como también lo es nuestra capacidad de atención.
Desde luego, puede existir cierto consenso tácito entre los dos grandes partidos para no convertir la seguridad ferroviaria en una prioridad electoral, dado que las decisiones y omisiones de unos y otros les podrían empañar. Tras la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque algunos hayan llegado a exigir también la del presidente del Gobierno, la estrategia de reclamar responsabilidades personales se desinfla. Mantener el asunto en el centro del debate exigiría entrar en cuestiones más técnicas: qué ha fallado, cómo mejorar la seguridad ferroviaria, cómo financiar las mejoras. Un debate bastante menos apto para el consumo rápido de vídeos cortos y reels, donde hoy se libra buena parte de la batalla electoral. Huelga decir que la desaparición del asunto del debate público no significa que sus causas hayan desaparecido ni que sus consecuencias estén resueltas.]
España volvió a ser escenario de un mortífero accidente de tren el pasado miércoles 28 de octubre. Murieron 70 personas, apenas nueve meses después de la catástrofe ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, que dejó 46 fallecidos. Esta vez la tragedia ocurrió en la provincia de Toledo, sobre la misma línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía. Todo apunta a una concatenación de fallos, humanos y técnicos, que revela la tensión a la que está sometido un sistema de alta velocidad con más viajeros de los que probablemente está preparado para absorber. Para más inri, el siniestro se produjo en vísperas de una huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios. Los reproches al Gobierno de Pedro Sánchez por su inacción en materia de seguridad ferroviaria se escucharon desde el primer momento.
Si el problema de la fiabilidad del sistema ferroviario ya estaba presente en el debate público, ahora puede terminar ocupando su centro. El accidente ocurre en plena (pre)campaña electoral, a un mes de las elecciones generales convocadas por Sánchez para el próximo 29 de noviembre. Aún es pronto para medir sus consecuencias políticas, pero la tragedia demuestra hasta qué punto los acontecimientos pueden desbaratar los cálculos de quienes aspiran a gobernar un país. Incluso cuando los comicios son anticipados, las campañas electorales se preparan con meses de antelación. Los partidos van afinando sus mensajes y seleccionando los asuntos a colocar bajo el foco, mientras tratan de anticipar los movimientos de sus adversarios. Sin embargo, por sofisticadas que sean sus encuestas y estrategias de comunicación, nadie puede prever lo que todavía no ha sucedido.
Al otro lado de los Pirineos, en Francia, donde faltan casi seis meses para las elecciones presidenciales, el sentimiento es de una espera agónica, casi interminable. Las protestas de liceanos que comenzaron en septiembre y han desembocado en una crisis social y política de gran amplitud se analizan también en función de sus posibles consecuencias electorales. Empero, seis meses son una eternidad en política y más hoy. ¿Qué otras crisis, escándalos o acontecimientos inesperados pueden tener lugar antes de que los franceses acudan a las urnas? Es más, ¿cuánto quedará entonces de las conmociones de este otoño? No lo sabemos.
La situación no es excepcional. Un atentado, un movimiento de protesta, una catástrofe natural o la gestión de una crisis ya han alterado campañas y resultados electorales en el pasado. Pienso en los atentados del 11-M de 2004, nuevamente en España, cuando, contra todo pronóstico, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero ganó tras la manipulación informativa del gobierno de José María Aznar, que atribuyó a ETA los atentados yihadistas de Madrid, a tres días de las elecciones. O en el huracán Sandy que golpeó la costa este de Estados Unidos apenas ocho días antes de las presidenciales de 2012. Barack Obama suspendió temporalmente su campaña para dirigir la respuesta federal y recibió incluso elogios del gobernador republicano de Nueva Jersey, Chris Christie. La imagen de cooperación institucional, más allá de filiaciones partidistas, pudo favorecerlo, aunque los estudios posteriores discrepan sobre su verdadero impacto.

El caso de México en 1994 es posiblemente el más dramático. Aquel debía ser el año de la consagración del proyecto modernizador de Carlos Salinas de Gortari. El 1 de enero entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que integraba comercialmente al país con Estados Unidos y Canadá. Ese mismo día estalló el levantamiento zapatista en Chiapas y, el 23 de marzo, Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, fue asesinado durante un mitin en Tijuana. Su sustituto, Ernesto Zedillo, ganó las elecciones de agosto en medio de una profunda incertidumbre.
La espera de las urnas implica estar preparado para lo inesperado. Pero conviene no confundir lo inesperado con lo imprevisible o inevitable. Buena parte de lo que ocurre en una campaña es azar, pero también es la deuda acumulada de años de gestión que se cobra en el peor momento. En sociedades como las nuestras, que aspiran al riesgo cero, las tragedias de gran impacto público –individuales como un magnicidio o colectivas como una catástrofe natural– se suelen interpretar como fracasos de previsión y gestión: falló el protocolo de seguridad, se permitió construir en zonas inundables, se ignoraron las advertencias de los expertos. Difícilmente se consideran meros accidentes. Y, dentro de esa lógica, la calidad de una democracia se mide también por la diligencia y la transparencia con las que se investigan las causas y se atribuyen responsabilidades, con el fin de que no se repita.
Esta exigencia convive, al mismo tiempo, con otra realidad, la de la creciente polarización y crispación política que convierte en munición cualquier acontecimiento de cierta magnitud. Pedirle cuentas a un gobierno no debería equivaler a hundirlo antes de que hablen las urnas. Debería servir para que los candidatos propongan soluciones y mecanismos a la ciudadanía que reduzcan las probabilidades de nuevos accidentes. ¿Cuánto invertir? ¿Cómo y con qué prioridades? Ese, y no el cálculo de cuántos votos cuesta o rinde una catástrofe, debería ser el foco de una campaña electoral con la tragedia como trasfondo.
Olivia Muñoz-Rojas
*Este artículo se publicó en la sección de Opinión de Proceso el 4 de noviembre de 2026.