Ceuta y las ‘armas de migración masiva’

*O. M-R. – [La crisis migratoria de Ceuta, iniciada el pasado 30 de julio continúa. Entre 5.000 y 8.000 migrantes permanecen en la ciudad autónoma a la espera de que su caso sea tramitado por las autoridades españolas o de ser trasladados a la Península mientras se resuelve su situación. La convivencia con la población ceutí es tensa, reflejo también de las profundas divisiones entre el Gobierno y la oposición en torno a los orígenes de la crisis, su gestión y la atribución de responsabilidades. La situación está siendo aprovechada por sectores de la derecha y, especialmente, de la extrema derecha, para alimentar un nacionalismo español excluyente que habla de ‘invasión’, mientras reivindica con especial vehemencia la ‘españolidad’ de Ceuta y Melilla.]

Hace una década que la politóloga estadounidense Kelly M. Greenhill publicó Weapons of Mass Migration (Armas de migración masiva), una obra pionera en la que examina un instrumento de influencia que utilizan con frecuencia algunos Estados, pero que no ha recibido la atención suficiente: la creación y explotación deliberada de movimientos migratorios masivos, reales o potenciales, como forma de coerción política. A este fenómeno lo denomina ‘migración deliberadamente diseñada con fines coercitivos’ (coercive engineered migration, CEM, por sus siglas en inglés).

El incidente ocurrido recientemente en el en el enclave español de Ceuta, con la llegada de más de 70 000 personas a nado procedentes de Marruecos, a una ciudad de apenas 83 600 habitantes, invita a releer a Greenhill. La autora sostiene que este tipo de estrategias suele dirigirse contra las democracias liberales. Su compromiso con los derechos humanos y el pluralismo político las hacen, en teoría, especialmente vulnerables, pues, quienes promueven estos movimientos, buscan imponer lo que denomina costos de hipocresía. En pocas palabras: si un país democrático rechaza a los migrantes, contradice sus principios en lo que respecta a los derechos humanos y a la legalidad internacional, y esa contradicción tendría un costo político interno y externo.

Sin embargo, con la presencia de la derecha y la extrema derecha en una mayoría de gobiernos de la Unión Europea y un clima social crecientemente xenófobo, observamos un cambio en esta ecuación: los costos políticos de aceptar la llegada masiva de migrantes parecen superar a los costos de rechazarlos. Los costos de hipocresía se han visto progresivamente sustituidos por lo que podríamos denominar costos de hospitalidad. Así, en la actualidad, son las políticas de acogida las que implican costes electorales y de legitimidad. Es más, en casos como el de Estados Unidos y México, ambas democracias representativas, es el país receptor de migrantes el que busca imponer costos, tanto políticos como materiales, al país de origen o tránsito de aquellos.

En esta lógica, las derechas europeas responsabilizaron inicialmente al Gobierno de Pedro Sánchez del incidente en Ceuta, acusándolo de haber relajado el control fronterizo y haber generado un efecto llamada con la reciente regularización de más de medio millón de residentes ‘sin papeles’. Desde posiciones progresistas, en cambio, se señala a Marruecos por haber facilitado la salida de personas como medida de presión tras el acercamiento de España a Argelia, su rival regional, y la aprobación de una ley que concede la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1976 en la que fuera colonia española. Otras lecturas amplían el foco y sitúan el episodio en el contexto de las tensiones entre Europa, Estados Unidos y Oriente Medio. Dada la posición excepcional de España en temas sensibles –además del migratorio, las guerras en Gaza e Irán, que Sánchez ha condenado abiertamente– hay quien no descarta que Estados Unidos e Israel no sean del todo ajenos al incidente. Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez apuntó desde el principio a las mafias dedicadas al tráfico de personas y la difusión de informaciones falsas para incentivar el cruce. Si bien, en los últimos días, varios gobiernos de la Unión Europea han matizado sus reacciones críticas iniciales, no ha pasado desapercibida la desigual respuesta europea a las distintas crisis migratorias. Se observa un doble rasero según el origen o el país de tránsito de los migrantes y se señala, por ejemplo, el apoyo inmediato que recibieron los países de la Unión fronterizos con Bielorrusia, cuando, en 2021 y 2022, este país facilitó el tránsito de miles de migrantes procedentes de Oriente Medio.

Estas distintas explicaciones no son necesariamente incompatibles. Ponen de manifiesto que el episodio en Ceuta opera simultáneamente en distintos niveles: como crisis fronteriza, como disputa diplomática entre España y Marruecos, como episodio de la competencia geopolítica en el Mediterráneo (evocadora de múltiples episodios de esta naturaleza en los tiempos de la Guerra Fría) y, por encima de todo, como un caso paradigmático de explotación de la movilidad humana.

Al margen de cuál sea el reparto preciso de responsabilidades, lo acaecido en Ceuta nos recuerda que, en nuestro siglo, no solo se instrumentalizan cada vez más los recursos naturales, los flujos comerciales o la información. También se instrumentaliza a las personas. Cuanto más comprometido parece estar un Estado con la protección de los derechos humanos, más vulnerable resulta a este tipo de coerción. Esta es, precisamente, la dinámica que Greenhill identificó hace diez años y que hoy vuelve a manifestarse en las aguas del Estrecho de Gibraltar.

En las morgues a uno y otro lado de la frontera se acumulan los cuerpos –casi 150 cuando escribo esto– de quienes no lograron completar a nado un trayecto que, aunque breve, peligroso. Jóvenes marroquíes sin expectativas de futuro, pero también personas que habían huido previamente de conflictos como los de Sudán y Mali y que aspiraban a solicitar asilo. Seres humanos convertidos en peones o munición en una disputa política y geopolítica que los excede. Hay que entender que, en las guerras híbridas del siglo XXI, los civiles no solo sufren las consecuencias del conflicto, sino que pueden convertirse en el arma misma de la confrontación.

Olivia Muñoz-Rojas

*Este artículo se publicó originalmente en la sección de Opinión de Proceso el 11 de agosto de 2026.